Primera sesión del Grupo de Trabajo sobre cumplimiento de derechos sociales, económicos y culturales de la OEA

Natalia Castro Niño

Entre el 23 y el 26 de febrero se llevó a cabo la primera sesión de trabajo del grupo de trabajo encargado de analizar los informes periódicos de los Estados partes al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

La tarea del Grupo de trabajo, integrado por tres expertos gubernamentales, un experto independiente y un comisionado de la CIDH, consiste en evaluar los informes presentados por los Estados con respecto al primer agrupamiento de derechos reconocidos en el Protocolo de San Salvador (salud, educación y seguridad social) y formular las recomendaciones apropiadas con miras a garantizar el pleno ejercicio de los derechos protegidos por este instrumento.

Según el artículo 19 del Protocolo, los Estados parte deben presentar “informes periódicos respecto de medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el Protocolo”.

El proceso que condujo a la puesta práctica del mecanismo de evaluación del Protocolo, cuya entrada en vigor se produjo en 1999, ha sido largo y dispendioso.

Sólo hasta el 2005 la Asamblea General de la OEA aprobó las “Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador”, solicitó al Consejo Permanente que propusiera la composición y funcionamiento del Grupo de Trabajo y encargó a la CIDH una propuesta respecto de los indicadores que debían tenerse en cuenta durante la evaluación de los informes presentados por los Estados parte.

En 2008, la CIDH presentó los “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Con base en este documento y en las normas aprobadas por la Asamblea General, el Grupo de Trabajo elaboró un documento titulado “Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador” que fue puesto en consideración de los Estados parte y de la sociedad civil entre el 15 de marzo y el 20 de noviembre de 2011.

Una vez finalizado este periodo e incorporadas algunas de las sugerencias emitidas, la Asamblea General de la OEA aprobó la versión final del documento durante la cumbre celebrada en Bolivia en junio de 2012. Los Estados se comprometieron entonces a presentar su primer informe en junio de 2014.

Tras la recepción de los informes, este primer periodo de sesiones del Grupo de trabajo constituye un momento histórico por cuanto supone la puesta en práctica de una metodología novedosa, fundada en la medición por indicadores cuantitativos y cualitativos que permite establecer de forma concreta la realización del principio de progresividad en materia de protección de derechos sociales, económicos y culturales en la región.

 

Para un análisis del tema, recomendamos: PAUTASSI (L), “Monitoreo del Acceso a la Información desde los Indicadores de Derechos Humanos”, en Revista internacional de derechos humanos SUR, No. 18.