NUEVO IMPULSO PARA LA DISCUSIÓN SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Cuáles son las novedades?

Xiomara Lorena ROMERO PÉREZ (01/03/2015)

Febrero finaliza con nuevas legalizaciones del consumo de marihuana en el Continente americano. La más mediatizada, la legalización del consumo y de la posesión de máximo 60 gramos de cannabis en la Capital de los Estados Unidos (Washington D.C.), y no menos importante, la despenalización del consumo y la permisión de posesión de máximo 57 gramos de marihuana en Jamaica. Este último hecho nos lleva a cuestionarnos en qué estado se encuentra la discusión sobre legalización de la marihuana en Latinoamérica y el Caribe.

Tratados e instituciones internacionales esenciales en la lucha contra las drogas

Los países de Latinoamérica y el Caribe tienen un doble constreñimiento en materia de regulación del consumo y posesión de drogas.

El marco regulatorio mundial, la estrategia prohibicionista (1) 

A nivel mundial, 3 convenciones constituyen el marco legal de referencia en materia de drogas. La 1era es la Convención Única sobre Drogas Narcóticas de 1961 que busca crear un sistema universal de control sobre la amapola, la hoja de coca y el cannabis, dejando abierta la puerta para incluir otras drogas con efectos similares. La 2da es el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 que trata sobre las sustancias sintéticas (2). La 3era es la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 que aborda el crimen organizado y la lucha contra las ganancias de estas actividades. Como se observa, éstas son convenciones de más de 25 años que continúan rigiendo el tema.

A lo anterior se suman las recomendaciones e informes de distintos organismos internacionales mundiales, dentro de los cuales se destacan los pertenecientes a la ONU. El 1ro es la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas que promueve tratados en el tema y aprueba los fondos destinados al control internacional de las drogas. El 2do es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que es un órgano semi-judicial encargado del seguimiento del cumplimiento de tratados en la materia. El 3ro es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que desarrolla investigaciones, trabajos de análisis y estadísticas en la materia (Esta Oficina publicó recientemente el Informe mundial sobre las drogas 2014 en el cual se presenta la evolución anual de la producción, tráfico y consumo de ciertas drogas) (3). De cara a estos organismos es claro que en el ámbito mundial el tema continúa abordándose como un problema de criminalidad aunque un posible cambio de percepción podría darse en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU prevista para el 2016 que estará consagrada a la lucha contra el problema mundial de la droga.

El marco regulatorio regional, diferenciación de sustancias ilegales según el daño     

La OEA, y en especifico la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) ha establecido un marco regulatorio regional en la materia (4). Al respecto hay que resaltar que desde 2009 la CICAD, en el informe denominado Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma, ha llamado la atención en que es necesario « rectificar la estrategia de guerra de las drogas aplicada en los últimos 30 años en la región ». Según la CICAD, las políticas de represión a la producción, prohibición del tráfico y distribución, así como la criminalización del consumo de drogas no han dado los resultados esperados, esto es, la erradicación de las mismas.

Los dos documentos mas recientes sobre el tema por parte de la OEA datan de 2013 (5). El primero es un informe analítico en el cual se abordan el mercado de las drogas en la región (cultivo, producción, distribución, venta y consumo), su vinculación con los delitos y la violencia, algunas alternativas legales, y otras reflexiones sobre el tema. En ese último capítulo, la OEA se muestra abierta a otras estrategias para obtener la erradicación de las drogas. Se propone tratar el tema como un asunto de salud pública, partiendo de la despenalización del consumo como presupuesto que permitiría abordar la lucha desde un enfoque múltiple y flexible, transformando las legislaciones nacionales e impulsando cambios internacionales. El segundo es un informe de escenarios que aborda el periodo 2013-2025. Según las tendencias y las variables estadísticas del momento, se presentan 4 escenarios: énfasis en el fortalecimiento institucional, realización de modificaciones legales, adaptación de la población, y un escenario preventivo que considera la división por parte de los países del continente en el tratamiento del tema.

Frente al problema de las drogas, innovación de políticas publicas en Latinoamérica y el Caribe

La experiencia con drogas que hoy son legales como el tabaco y alcohol son ejemplos para que los países de Latinoamérica y el Caribe busquen alternativas de regulación frente al tema. Sin embargo, aun no es clara una postura común que pudiese ser presentada ante la Asamblea General de la ONU.

No a la represión indiscriminada…

La CICAD contabiliza en una docena los países de la región con tendencia a la descriminalización y/o despenalización del uso de las drogas para consumo personal. Entre ellos se encuentran: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. En estos países se suprimió la pena privativa de la libertad en esos casos y/o, aun cuando en ciertos casos es posible un arresto preventivo para informar sobre los riesgos del consumo, las sanciones se enfocan hacia al servicio comunitario o la asistencia obligatoria a programas de educación.

Otros modelos más osados y recientes abordan el tema de legalización de la producción e incluso de la comercialización. Bolivia, por ejemplo, reivindica el uso ancestral de la hoja de coca protegiéndolo constitucionalmente como patrimonio cultural, recurso natural renovable y factor de cohésion social (6). El presidente uruguayo José Mujica logró, por su parte, que en diciembre de 2013 se aprobara una Ley que legaliza la producción, distribución y venta limitada de cannabis, así como el autocultivo y los clubes de consumidores; todo ello bajo la supervisión del Estado.

Sin embargo, en ciertos países la reglamentación continua siendo estricta. Tal es el caso de Ecuador, Nicaragua y Venezuela que penalizan la posesión de drogas, aún en pocas cantidades o de origen natural, y/o dejan un gran margen de apreciación al juez que conoce del caso.

… pero falta de unanimidad en el tratamiento del tema

A pesar de que existen problemas comunes derivados de las drogas (impacto en la economía, las relaciones sociales, la seguridad y la gobernabilidad) que justificarían un marco jurídico común o al menos homogéneo en los países de Latinoamérica y el Caribe, como ya se señaló, no existe unanimidad sobre el tratamiento del tema.

Algunas de las principales causas podrían ser el temor a incurrir en responsabilidad internacional y/o a perder los apoyos financieros de Estados Unidos y de la Union Europea (condicionados a la implementación de estrategias de prohibición frente a las drogas). Estos miedos deben llevarse a sus justas proporciones. Una solución podría ser formular reservas a los tratados que abordan el tema (7), o promover su modificación. Por ejemplo, la Convención de 1961 permite reservas sobre el uso tradicional de las drogas (8), y frente a la Convención de 1988, algunos Estados formularon reservas (9).

La supresión de ayudas internacionales a causa de un cambio en la estrategia de erradicación de las drogas tampoco es algo fatídico. Así, la Unión Europea confirmó su apoyo financiero en la lucha contra la producción y tráfico de drogas a Bolivia para el periodo 2014-2020 que, en todo caso, es el único país que ha mostrado (paradójicamente) una reducción sostenida de cultivos de hoja de coca (10). En lo atañe a Estados Unidos, el incremento de Estados en los que la legalización de la droga se ha producido haría pensar que un cambio de percepción se está gestando.

A manera de conclusión

Sin duda el tema del problema de la droga estará presente en la XLV Asamblea General de la OEA (junio de 2015). Este escenario debería aprovecharse para preparar una postura común a presentar en la sesión extraordinaria de la Asamblea Genera de la ONU en 2016. No se trata de unificar las legislaciones pero sí de coordinarlas y de demostrar que existen otras alternativas viables, distintas a la prohibicionista, frente a este problema.

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(1) Esta estrategia prohibe la producción, la venta y el uso de drogas, salvo circunstancias excepcionales como la investigación y el uso medicinal.

(2) Haiti no es parte en ese Convenio.

(3) A estos organismos se añaden, entre otros, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas y la OMS. La primera por la relación entre las drogas y los delitos transnacionales y las organizaciones criminales. La segunda por el estudio de ciertas drogas con fines médicos.

(4) Otras OIG regionales que también han abordado el tema son, por ejemplo: La Unasur a través de la creación del Consejo sobre el Problema Mundial de las Drogas (10 de agosto de 2009), y la Comunidad Andina (CAN) mediante la Decisión 505 « Plan Andino de Cooperación para la lucha  contra las drogas ilícitas y delitos conexos » (22 de junio de 2001).

(5) Otros documentos de este organismo a destacar son: la Estrategia Hemisférica sobre las Drogas de 2010 y el Plan de Acción Hemisférica sobre las drogas 2011-2015.

(6) Articulo 384 de la Constitución de Bolivia « El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley ».

(7) Recuérdese que la posibilidad de formular reservas después de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de un tratado es una práctica reconocida hoy en día por la ONU. Cf. Naciones Unidas. Manual de tratados preparado por la Oficina de Asuntos Jurídicos de 2001. Disponible en: <https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/Spanish.pdf>.

(8) El problema con Bolivia fue que ese país no realizó tal reserva antes de impulsar el cambio de su legislación interna.

(9) Por ejemplo, Perú presentó de manera oportuna una reserva al artículo 3 de la Convención de 1988 relativo a los delitos y sanciones.

(10) En 2012 se tenían 25.300 hectáreas cultivadas, en 2013 se disminuyeron a 23.000. Perú toma la cabecera con 49.800 hectáreas, seguido por Colombia con 48.000.