LOS ESCANDALOS DE CORRUPCION QUE RODEAN A LAS PRESIDENTAS DE SUR AMÉRICA

Qué ha hecho que estos gobiernos pierdan su credibilidad, cuáles han sido sus reacciones?

Xiomara Lorena ROMERO PEREZ (24/05/2015)

Luego del hito que representó la elección de María Martínez Perón como primera mujer en llegar a la presidencia de un país suramericano en 1974, tuvimos que esperar más de 30 años para que otra mujer ocupara ese cargo en el sur del continente. Hoy en día tenemos tres presidentas en la región, todas ellas en curso de su segundo mandato presidencial y, desafortunadamente, todas ellas enfrentando actualmente uno de los periodos de mayor descrédito y de baja popularidad de sus gobiernos. Así las cosas, nos preguntamos qué ha hecho que estos gobiernos estén perdiendo su credibilidad y, sobre todo, cuál ha sido la reacción de las mandatarias frente a estas situaciones.

I. Todas envueltas en escándalos de corrupción pero con implicaciones diversas

A. Tráfico de influencias, un beneficio del que terceros cercanos han gozado

A pesar de que algunos de los señalamientos de corrupción no atañen a las mandatarias, la cercanía de las personas implicadas y la gravedad de las acusaciones están desestabilizando sus gobiernos. Tal es el caso de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, elegida para el periodo 2006 a 2010 y reelegida el pasado 11 de marzo de 2014.

Bachelet ha tenido que enfrentar la acusación de tráfico de influencias que pesa contra su hijo, quien habría ayudado a una sociedad perteneciente a su esposa a obtener un crédito  del Banco de Chile por más de 10 millones de dólares. Dicho crédito fue concedido el mismo día en que se dio a conocer la reelección presidencial de Bachelet. Esta situación ha obligado a la Presidenta a dar explicaciones sobre el asunto y a lidiar con el descontento generalizado del pueblo chileno. De otro lado, esta situación también ha generado que se cuestione su autoridad “moral” para pronunciarse sobre otros casos de corrupción dados a conocer en el segundo semestre de 2014.

B. Obstrucción a la justicia y beneficios económicos indebidos, acusaciones directas

Sin poder señalar si es más o menos grave, las otras dos presidentas de países suramericanos también se encuentran envueltas en escándalos de corrupción, esta vez afrontando acusaciones directas.

La Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner  (elegida para los periodos de finales de 2007-2011 y finales de 2012-2016), fue acusada por el procurador argentino Alberto Nisman de obstrucción a la justicia y, luego, acusada de la muerte de Nisman ocurrida el 19 de enero de este año. En vida, el procurador señalaba tener las pruebas suficientes para demostrar que en razón de un reciente acuerdo comercial entre Argentina e Irán, el gobierno argentino no continuaría con la investigación de líderes políticos iraníes aparentemente involucrados en el atentado de carro bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994. Atentado en el que murieron 85 judíos y resultaron heridas otras 300 personas.

La situación de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil por un segundo periodo consecutivo (finales del 2010-2014 y finales del 2014-2018), no es menos grave. Desde marzo de 2014, la actual presidenta es acusada de corrupción por haber participado, presuntamente, en las ganancias de un « carrusel » de contratación al interior de la empresa PETROBRAS y de numerosas empresas encargadas de obras públicas. El escándalo se extiende a partidos políticos, entre ellos el partido político de la presidenta (partido de los trabajadores-PT), a expresidentes (Lula, también miembro del PT), miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, y dirigentes de empresas privadas. Las pérdidas de PETROBAS se estiman en 2.000 millones de euros. Las « pérdidas » de Rousseff, por su parte, se reflejan en las encuestas de credibilidad y apoyo a su gobierno que escasamente alcanzan el 13% en su favor, y en una movilización de más de 1.7 millones de brasileños el pasado 15 de marzo que exigían su renuncia.

II. Todas han reaccionado aunque algunas de forma más enérgica

A. Primera opción: tomar medidas… aunque sin afectar a los propios

En el caso chileno, Sebastián Dávalos, hijo mayor de Bachelet, renunció a su puesto honorario (no remunerado) de Director del Departamento Sociocultural de la Presidencia de la República. Ahora bien, la Presidenta por su parte también ha adoptado medidas frente corrupción, aunque sería interesante indagar si éstas tendrán alguna repercusión sobre su familia, particularmente sobre su hijo. Lo anterior teniendo en cuenta que, por un lado, su cargo no era remunerado y que, en todo caso, Dávalos tomó posesión del mismo luego de producirse el discutido préstamo.

Entre las medidas adoptadas por la Presidenta se encuentran: primero, crear un Consejo de Expertos encargado de elaborar un marco normativo contra la corrupción, los conflictos de interés y el tráfico de influencias. Segunda, el pasado 6 de mayo la Presidenta solicitó la dimisión de todos los miembros de su gobierno para refrescar su gabinete. A las anteriores medidas se suma el estudio de una reforma constitucional. Pese a lo anterior, no se ha hablado de la devolución de los 10 millones de dólares ni tampoco de un avance en la investigación del caso Dávalos.   

B. Segunda opción: dejar la investigación a terceros… funcionarios públicos

Frente a las acusaciones contra las mandatarias argentina y brasilera, los gobiernos han decidido, simplemente, dejar que la investigación continúe. En el caso argentino, el pasado 26 de marzo la justicia confirmó el archivo de la investigación por insuficiencia de pruebas (justamente lo que pretendía aportar el procurador Nisman). No obstante, la Presidenta aun no se libera de los escándalos de corrupción pues ahora está señalada de evasión fiscal y blanqueamiento de dinero a través de un hotel de lujo que posee al sur de Argentina. Como lo señalan algunos, habrá que esperar entonces a que ella termine su periodo y pierda su inmunidad presidencial para ver si se abre una investigación en su contra y conocer sus resultados.

En el caso brasilero, las investigaciones y detenciones continúan pero ninguna de ellas vincula a la Presidenta a pesar de que durante el gobierno de Lula, momento en que se produjo el carrusel de contrataciones, ella se desempeñó como ministra de energía, ministra de tutela de PETROBRAS y jefe de gabinete de Presidente.

De esta forma se deja en evidencia que ninguna de las mandatarias ha referido la posibilidad de renunciar a su cargo o de crear mecanismos de investigación alternativos de cara a estos hechos, tales como, la constitución de comisiones especiales mixtas (en las que participen miembros de la sociedad civil).